Requiere México política integral de electromovilidad: AMIA

México requiere de una política integral de electromovilidad, que contemple incentivos a la producción y consumo de automotores así como reglas claras en la explotación del litio, si se quiere mantener su liderazgo como 4to exportador mundial, 7mo productor y como generador de un millón de empleos directos, demandó José Zozaya, presidente ejecutivo de la AMIA, al gobierno federal y Congreso de la Unión.

De existir esta política integral, México cumpliría con sus compromisos internacionales en materia de reducción de CO2, y reduciría alrededor de 26.2 millones de toneladas de este químico para 2030. Esto significaría un incremento de 66%, o 10.4 millones de toneladas adicionales del contaminante. si se introdujera una política nacional. A la par,

que se tendría el 39 % de automotores eléctricos en el mercado, enfatizó por su parte Lorena Isla, directora de Frost and Sullivan para América Latina, consultora internacional en industria automotriz.

En la presentación de estudio “Recomendaciones para una política nacional de electromovilidad en México”, en el Club de Industriales de la CDMX y ante ejecutivos de las marcas Audi, Toyota, Mazda y GM, entre otros, el apartado de recomendaciones del mismo se destaca que de no haber una política y estrategia para la promoción de vehículos híbridos y eléctricos, que incluya un esquema de incentivos que afecte directamente el precio de los vehículos y la manufactura de los mismos, difícilmente se logrará alcanzar las metas de reducción de emisiones y los compromisos internacionales adquiridos por el gobierno mexicano. De la misma forma, existe el riesgo de que la industria automotriz mexicana pierda el papel de liderazgo que juega en la manufactura de vehículos a nivel global.

Al respecto, se requiere de la reducción de IVA así como de la ampliación de la deducibilidad para personas morales y físicas que les beneficie, enfatizaron Osvaldo Belmont, director Técnico de la AMIA, y la AMDA.

El marco legal existente, es apenas, un conjunto de iniciativas, leyes y normas adaptables, que, de manera aislada, y con objetivos y alcances limitados, apoyan eventualmente la transición hacia la electromovilidad en el país, expone el documento.

La estructura y el contenido del marco regulatorio actual no han logrado plasmar con claridad las condiciones y reglas del juego, están dispersos en lo general, y aún existen muchos huecos en cuanto a normatividad y reglas secundarias para cada sector en específico, así como la falta de visión a mediano y largo plazo, puntualiza el estudio que

Ya fue presento a las autoridades federales y congresistas para cabildeo.

Señalaron que la magnitud de los cambios requeridos para la rápida transformación de la industria requiere del impulso de una estrategia conjunta entre gobierno (Federal, estatal y local), la academia y el sector automotriz que aborde 3 ejes: la operación de la manufactura, la adopción del mercado de vehículos híbridos y eléctricos y la ampliación de la infraestructura de la red de carga.

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