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  • Redacción

Diputados no deben dejarse presionar por industria automotriz

  • Aprobar el proyecto de Ley en los términos en los que se encuentra actualmente en materia de la seguridad en los autos, podrá traer grandes beneficios a la sociedad y a la economía del país ya que los costos por siniestros viales en México son de hasta 204 mil millones de pesos

Ciudad de México, marzo 2022.- Las organizaciones de la Coalición Movilidad Segura, El Poder del Consumidor y Refleacciona con Responsabilidad, expresaron su preocupación por la posible modificación a la iniciativa de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial (LGMySV), que será votada el día de mañana en la Comisión de Movilidad de la Cámara de Diputados, ante las presiones de los intereses económicos de la industria automotriz, a través de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), que durante décadas ha impedido que se cuente con un marco jurídico que exija los mismos dispositivos de seguridad en los autos que se comercializan en México, al igual que aquellos que son exportados con mayor seguridad.

En un posicionamiento emitido el día de hoy por la AMIA, declaran que: “Derivado del debate sobre el dictamen de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, ésta no incluya imprecisiones y contradicción de conceptos en caso de interpretaciones, el riesgo de generar obstáculos técnicos al comercio, al tiempo que sea coordinada con otro otros instrumentos legales correspondientes para hacerla más holística en materia de seguridad”.

Sobre estos puntos, las organizaciones recordaron que se debe contar con una Ley que asegure que México cuente con vehículos más seguros y que proteja a las personas en caso de un accidente. Además de tener presente la recomendación de la ONU, a través del Plan Mundial para el Segundo Decenio de Acción por la Seguridad Vial 2021-2030, para que los gobiernos del mundo tomen provisiones en el tema de vehículos seguros.

En nuestro país, las muertes por siniestros viales -donde siempre está involucrado un vehículo- son un grave problema de salud pública. Cada año mueren más de 16,000 personas, 140,000 terminan con lesiones graves a causa de siniestros de tránsito y 40 mil adquieren un tipo de discapacidad permanente.


Sobre el argumento al que se refieren acerca de “posibles obstáculos al comercio”, es importante precisar que el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio (Acuerdo OTC) de la Organización Mundial del Comercio tiene en cuenta la existencia de diferencias legítimas entre los distintos países, y por ello permite una gran flexibilidad en la elaboración, adopción y aplicación de sus reglamentos técnicos nacionales. El Acuerdo reconoce el derecho de los Miembros de la OMC a aplicar medidas para alcanzar objetivos normativos legítimos, tales como la protección de la salud y la seguridad de las personas o la protección del medio ambiente.

Si bien, actualmente existe la NOM-194 que regula los dispositivos en los autos nuevos, ésta es insuficiente e inadecuada para aportar el piso mínimo de una regulación que garantice un marco legal sólido. Se necesita exigir y verificar que el diseño, fabricación y comercialización de vehículos nuevos cumplan con las mejores recomendaciones y prácticas internacionales para proteger la integridad y vida de todas las personas. Tener una Ley General de Movilidad y Seguridad Vial que contemple la seguridad en los autos permitirá que: 1) los vehículos con mayor seguridad ya no sean exclusivos de las gamas altas y de lujo y 2) se incluyan dispositivos de seguridad vehicular (cuya tecnología ya existe) que protejan no sólo a los conductores, sino a todos: peatones, ciclistas y motociclistas.

Aprobar el proyecto de Ley en los términos en los que se encuentra actualmente en materia de la seguridad en los autos, podrá traer grandes beneficios a la sociedad y a la economía del país como: disminuir de manera importante los costos sociales y económicos derivados de la falta de seguridad vial y la baja seguridad vehicular, reducir el alto impacto económico que hoy es absorbido por el gobierno y las familias víctimas de los siniestros viales e implementar tecnologías que salvan vidas no tiene un alto costo, entre otros. Una estimación muy conservadora realizada por el Instituto Mexicano de la Competitividad, estimó los costos por siniestro viales en México en hasta 204 mil millones de pesos.

Para finalizar las organizaciones civiles enfatizaron en que la seguridad vehicular debe entenderse como una cuestión de derechos humanos (derecho a la salud, a la movilidad, interés superior de la infancia, derechos al consumidor, a la no discriminación) y no sólo de provisiones técnicas para fabricar vehículos. Hicieron un llamado a las diputadas y diputados a votar Sí a la aprobación de la #LeyMovilidadSegura.

Pidieron a los legisladores no volverse cómplices de la industria automotriz que produce autos con mayor seguridad para el mercado externo y con menor seguridad para los mexicanos, dijeron “no somos ciudadanos de segunda”. Demandaron igualar las condiciones de seguridad para anteponer la salud y la vida de los mexicanos a los intereses comerciales de la industria.


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